Fiscalidad y legalidad · 6 minutos de lectura

La nueva ley de startups: ¿qué debes saber?

Nueva ley startups
Imagen: Redpixel.pl (Shutterstock)

Después de casi un lustro de debates, finalmente el pasado 3 de noviembre el Congreso dio luz verde al Proyecto de Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes. Comúnmente conocida como ‘ley de startups, pretende ser un elemento transformador del ecosistema del emprendimiento en España, agilizando los trámites burocráticos y aliviando la presión fiscal.

Índice

  1. ¿A quién afectará la nueva ley de startups? ¿Qué empresas se consideran startups?
  2. Novedades de la nueva ley de startups
  3. ¿Afectará la nueva ley a las startups que ya están en marcha?
  4. ¿Cuándo entrará en vigor la nueva ley de startups?

¿A quién afectará la nueva ley de startups? ¿Qué empresas se consideran startups?

La ley está dirigida a las empresas emergentes, entendiéndose como tales aquellas sociedades cuya actividad se desarrolla en el ámbito tecnológico y que tengan una vocación innovadora. En este aspecto, se entiende por empresa de base tecnológica “aquella cuya actividad requiere la generación o un uso intensivo de conocimiento científico-técnico y tecnologías para la generación de nuevos productos, procesos o servicios y para la canalización de las iniciativas de investigación, desarrollo e innovación” (art.3 de la Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes).

El embrión de norma que salió del Consejo de Ministros ha pasado por más de 80 enmiendas antes de encauzar su camino legislativo. Los últimos cambios han ampliado la definición del tipo de empresas a las que alcanza el proyecto y detallado los criterios de evaluación del grado de innovación y potencial de las mismas.

Los artículos 3 y 4 del texto aprobado en el Congreso especifican las condiciones para entrar en su ámbito de aplicación:

  • Que no hayan transcurrido más de cinco años desde su fecha de inscripción en el Registro Mercantil u organismo análogo.
  • No haber surgido de una operación de fusión, escisión o transformación de empresas que no tengan consideración de emergentes.
  • Tener sede social o establecimiento permanente en España.
  • Que el 60% de la plantilla tenga un contrato laboral en España.
  • No cotizar en un mercado regulado ni distribuir dividendos.
  • Acreditar la consideración de negocio innovador y escalable mediante el correspondiente certificado, cuya obtención abordaremos a continuación.
¿Cómo montar una startup? ¿A qué financiación se puede recurrir?

Novedades de la nueva ley de startups

Los cambios regulatorios que promueve la norma han sido considerados históricos por el sector, y se espera de ellos que abonen el terreno para el florecimiento de un nuevo estrato en el tejido productivo de vanguardia.

Certificación de emprendimiento innovador

Como se ha dicho, una de las condiciones para acceder a las ventajas es tener la consideración de ‘empresa innovadora’, definida por la norma como aquella cuya actividad se orienta a la resolución de problemas mediante el desarrollo o la mejora técnica de productos o servicios. Exige, además, que dicha actividad “lleve implícito un riesgo de fracaso tecnológico o industrial o en el propio modelo de negocio”.

El cumplimiento de dichas condiciones será acreditable mediante un certificado expedido al efecto por la Empresa Nacional de Innovación (ENISA). Este organismo será el encargado de evaluar a las compañías solicitantes y, en su caso, aprobar la concesión del documento.

Beneficios fiscales

Las ventajas tributarias constituyen uno de los pilares del proyecto. Aligerar la carga fiscal es imprescindible para la viabilidad de las startups, por lo que se han tomado medidas de calado en esa dirección.

En primer lugar, se establece una sensible rebaja en el impuesto de sociedades, que pasa del 25% al 15% durante los primeros cuatro años de actividad; así como una deducción del 50% en la fiscalidad de las inversiones anuales de hasta 100.000 euros. Destaca también la exención de hasta 50.000 euros para las opciones de compra de acciones (stock options). Por otro lado, se habilita la posibilidad de solicitar aplazamientos en el pago de los tributos.

También se otorgan ventajas impositivas para la creación de los llamados sandboxes, es decir, espacios de experimentación para promover nuevos modelos de negocio en un entorno seguro.

Agilidad en los trámites

Como se ha dicho, ENISA ha sido designado como el organismo encargado de expedir el ‘certificado startup’, tras la correspondiente verificación de la actividad y características de la empresa. No obstante, si este organismo no se pronuncia en tres meses, el silencio administrativo será considerado positivo; es decir, se considerará que la resolución ha sido favorable a la solicitud.

También se facilitan los trámites burocráticos para la inscripción de las empresas emergentes (art. 11 de la ley) y para la identificación de los inversores extranjeros que metan dinero en startups de nuestro país (art. 9).

Por último, se crea el Foro Nacional de Empresas Emergentes como órgano de enlace y colaboración entre las Administraciones Públicas, las universidades, los organismos públicos de investigación y las empresas emergentes.

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¿Afectará la nueva ley a las startups que ya están en marcha?

La ley de startups no solo se dirige a las empresas de nueva creación, sino también a aquellas que estén dando sus primeros pasos en el mercado.

El artículo 3 del texto dispone que la normativa será aplicable a aquellas compañías ya constituidas “cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, o Registro de Cooperativas competente, de la escritura pública de constitución, con carácter general, o de siete en el caso de empresas de biotecnología, energía, industriales y otros sectores estratégicos o que hayan desarrollado tecnología propia, diseñada íntegramente en España”.

¿Cuándo entrará en vigor la nueva ley de startups?

El texto legislativo se encuentra en sus últimas etapas de tramitación. Actualmente está pendiente de su inminente aprobación por parte del Senado, y una vez reciba luz verde por parte de la Cámara Alta, será devuelto al Congreso para su puesta de largo definitiva. La intención es que entre en vigor antes de final de año.

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