Fiscalidad y legalidad · 7 minutos de lectura

Proyecto de ley de startups, ¿qué implicará si se aprueba en las Cortes?

Imagen: Redpixel.pl (Shutterstock)

A diferencia de otras regiones del mundo, en Europa, la regulación en torno a las startups no está lo suficientemente desarrollada. La tecnología y el ingenio humano siempre han ido por delante de la legislación, y en este contexto, muchas empresas no han encontrado un marco legislativo propicio para desarrollar su actividad. Sin embargo, el plan de recuperación europeo, impulsado para tratar de paliar las consecuencias provocadas por la COVID-19, pretende acelerar la transformación digital de la economía y las empresas, así como, fomentar la constitución de nuevas startups

Así, en España se ha aprobado el Proyecto de Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes, también conocido como Proyecto de ley de startups, que formará parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este proyecto se encuentra pendiente de aprobación parlamentaria pero, ¿qué implica si se valida finalmente en las Cortes? Te explicamos todos los detalles.

¿En qué consiste el nuevo proyecto de ley de startups?

El nuevo proyecto de ley de startups es un ambicioso plan cuyo objetivo es fomentar la creación y relocalización de empresas emergentes en España, y un impulso para favorecer la atracción del talento y el capital internacional en el ecosistema español. 

El objetivo de la norma es simplificar los trámites para la creación de estas nuevas empresas, además de establecer incentivos para atraer emprendedores y empleados de alta cualificación.

¿A quién va dirigido el proyecto de ley de startups?

Hasta ahora, el concepto de startup en España siempre ha sido difuso, al menos desde el punto de vista de su regulación legislativa. Por eso, este proyecto de ley pretende elaborar una terminología clara de lo que es una startup, definiendo al mismo tiempo el ámbito de aplicación de este proyecto de ley.

En concreto, la norma entiende como startup aquellas empresas de nueva creación o de menos de 5 años, que aumentarán hasta los 7 años en el caso de empresas de biotecnologías, energía, industriales y otros sectores estratégicos o que hayan desarrollado tecnología propia diseñada íntegramente en España. Además, deben cumplir algunas condiciones: no podrán cotizar en un mercado de valores, no podrán haber distribuido beneficios, deben tener un carácter innovador y un volumen de negocios anual de hasta 5 millones de euros.

Proyecto de ley de startups: principales medidas

Las principales medidas se centran en varios ámbitos diferentes: la fiscalidad, la difusión del conocimiento, la digitalización y una menor burocracia en la constitución de este tipo de sociedades.

Las claves de la nueva fiscalidad

En materia fiscal, el proyecto de ley prevé una reducción del tipo impositivo en el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta de no residentes, del tipo general del 25% al 15% durante los cuatro primeros ejercicios desde que la base imponible sea positiva. 

Además, la parte inversora también tendrá bonificaciones en su IRPF. En concreto, aquellos business angels que inviertan en empresas de reciente creación, se aumentará la deducción en el IRPF desde los 60.000 euros vigentes en la actualidad hasta los 100.000 euros, incrementándose además el tipo de deducción desde el 30 al 50 por ciento. Asimismo, se amplía el periodo en el que se considera una empresa como “de reciente creación” que sube de 3 a 5 años, con carácter general, o a 7 para empresas de ciertos sectores.

También se favorecerá la figura del “nómada digital”, es decir, aquellos emprendedores y teletrabajadores que se desplacen a territorio español. Estas personas podrán residir y trabajar en España durante 5 años, así como acogerse al régimen tributario especial y tributar por el impuesto sobre la renta de no residentes.

Por último, en el caso de trabajadores en pluriactividad, es decir, aquellos que cotizan en dos regímenes de la Seguridad Social al mismo tiempo, destaca la eliminación durante 3 años de la doble cotización a la Seguridad Social de los emprendedores que trabajen también por cuenta ajena.

Agilidad administrativa

El proyecto de ley de startups también prevé una simplificación en la constitución de las sociedades limitadas, además de reducir los costes de este trámite administrativo.

En concreto, los aranceles de notarios y registradores, así como la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) serán gratuitos. Por otro lado, se habilitará un canal para la constitución de la sociedad por medios telemáticos y no será obligatorio la identificación de extranjeros (NIE) para los inversores no residentes, a los que únicamente se les exigirá un número de identificación fiscal (NIF). 

También se establece una ventanilla única, la Empresa Nacional de Innovación SME (ENISA), que otorgará la declaración del carácter innovador de la empresa para que pueda acogerse a los beneficios que introduce el proyecto de ley. Los Puntos de Atención al Emprendimiento (PAE) y la Oficina Nacional de Emprendimiento (ONE) actuarán como puntos de información sobre medidas de apoyo y ayudas.

Difusión y circulación del conocimiento

El proyecto de ley de startups fomentará también la colaboración entre las administraciones públicas, las universidades, organismos públicos de investigación y los centros tecnológicos. 

El objetivo es difundir y hacer circular el conocimiento entre todos los organismos y actores implicados para lograr que los nuevos emprendedores puedan aprovechar todo el know-how de otras personas y experiencias que hubiesen empezado en una actividad empresarial antes que ellos.

¿Cuándo entra en vigor la ley de startups?

Por el momento, el Proyecto de Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes se encuentra en proceso de aprobación parlamentaria, de manera que a día de hoy no existe una fecha para su entrada en vigor.

No obstante, se espera que la nueva ley de startups quede aprobada antes del verano de 2022, ya que es el periodo en que se ha prometido a la Unión Europea para la ejecución de las reformas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

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