Estudio de impacto ambiental: cómo afecta tu empresa al entorno

Toda empresa que emprende un proyecto de envergadura debe hacerse una pregunta esencial: ¿cómo afectará esta actividad al medioambiente? Ahí es donde entra en juego el estudio de impacto ambiental (EIA), una herramienta legal y técnica clave para valorar, prevenir y corregir los efectos ecológicos de cualquier iniciativa empresarial.

Índice:

1. ¿Qué es un estudio de impacto ambiental y por qué es obligatorio?
2. ¿Qué empresas están obligadas a realizar un estudio de impacto ambiental?
3. ¿Qué incluye un estudio de impacto ambiental?
4. Tipos de evaluación ambiental: ordinaria vs. simplificada
5. ¿Cómo se tramita un estudio de impacto ambiental en España?
6. Consecuencias de no cumplir con la normativa ambiental

¿Qué es un estudio de impacto ambiental y por qué es obligatorio?

Un estudio de impacto ambiental (EIA) es un análisis técnico y sistemático que identifica, predice, valora y corrige las consecuencias que un proyecto puede causar sobre el medio ambiente, incluyendo el aire, agua, suelo, biodiversidad y salud humana. Su función es anticipar los riesgos ambientales antes de que se lleve a cabo una obra o actividad, permitiendo así tomar decisiones más responsables y sostenibles.

En España, su realización es obligatoria por ley para determinados proyectos, según la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. La obligatoriedad radica en la necesidad de proteger el patrimonio natural, la salud humana y la calidad de vida, integrando la variable ambiental en la toma de decisiones empresariales. El incumplimiento de esta normativa puede resultar en sanciones económicas, paralización del proyecto, o incluso responsabilidad penal.

¿Qué empresas están obligadas a realizar un estudio de impacto ambiental?

Según la normativa vigente, están obligadas a realizar un estudio de impacto ambiental todas las personas físicas o jurídicas, tanto públicas como privadas, que realicen actividades que puedan generar un impacto en el medio ambiente, con consecuencias derivadas como: 

• Transformación significativa del uso del suelo.
• Generación de emisiones, residuos o vertidos de alto impacto.
• Operación en sectores como construcción, minería, energía, agricultura intensiva, transporte, y tratamiento de residuos.

De forma más concreta, los sectores económicos que suelen estar obligados a realizar un estudio de impacto ambiental son: 

• Infraestructuras: construcción de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, presas, canales, etc. 
• Energía: centrales térmicas, nucleares, parques eólicos, plantas fotovoltaicas de gran escala, refinerías de petróleo, gasoductos, etc. 
• Industria: instalaciones de producción de hierro y acero, industria química, cementeras, papeleras, instalaciones para la gestión de residuos, etc. 
• Agricultura y ganadería: proyectos de regadío, explotaciones ganaderas intensivas, cambios de uso del suelo, etc. 
• Minería: extracción de minerales, canteras, graveras. 
• Urbanismo: planes urbanísticos que impliquen una transformación sustancial del territorio. 
• Turismo: grandes complejos turísticos, campos de golf, etc.

No obstante, es fundamental consultar los Anexos I y II de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental para determinar el tipo de evaluación ambiental que requiere cada actividad concreta, así como adaptarse a los estándares ESRS de sostenibilidad.

¿Qué incluye un estudio de impacto ambiental? 

Un buen EIA debe ser técnico, completo y comprensible. Sus elementos principales incluyen:

• Descripción del proyecto: detalles sobre la actividad, ubicación, duración y recursos necesarios.
• Análisis del entorno: estudio del medio físico, biológico y social afectado.
• Identificación de impactos: valoración de los efectos negativos y positivos que puede tener el proyecto.
• Medidas preventivas y correctoras: acciones propuestas para evitar, reducir o compensar los impactos.
• Programa de vigilancia ambiental: sistema para supervisar la aplicación de las medidas.
• Resumen no técnico: versión accesible del informe para la ciudadanía.

Tipos de evaluación ambiental: ordinaria vs. simplificada

La legislación española contempla dos procedimientos principales para la evaluación de impacto ambiental, que se aplican en función de la magnitud y el potencial impacto del proyecto:

• Ordinaria: se aplica a los proyectos que, por sus características, tamaño, ubicación o los riesgos asociados, se espera que generen impactos significativos en el medio ambiente. La ley establece un listado detallado de estos proyectos en su anexo I. Por este motivo, es el procedimiento más completo y riguroso, incluyendo la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) exhaustivo por parte del promotor, un periodo de información pública, consultas a administraciones y personas interesadas, análisis técnico por parte del órgano ambiental, y culmina con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que consiste en el pronunciamiento del órgano ambiental determinando si el proyecto es ambientalmente viable y, en caso afirmativo, bajo qué condiciones y medidas correctoras debe ejecutarse.
• Simplificada: se aplica a proyectos que, si bien podrían tener algún impacto ambiental, se presume que estos serán menores o inciertos. La ley los detalla en su anexo II, y también puede aplicarse cuando el órgano ambiental considere que un proyecto del anexo I no requiere una evaluación ordinaria tras un análisis inicial. Es por eso que se trata de un procedimiento más ágil y menos complejo que la evaluación ordinaria. Así, el promotor presenta un Documento Ambiental Inicial, que el órgano ambiental analiza junto con las respuestas a las consultas realizadas a administraciones y expertos. Este expediente se resuelve cuando el órgano ambiental emite un Informe de Impacto Ambiental. Este informe puede determinar que el proyecto no requiere una evaluación ambiental ordinaria (y puede continuar bajo ciertas condiciones), o bien puede concluir que, debido a sus potenciales impactos, el proyecto debe someterse al procedimiento de evaluación ordinaria.

¿Cómo se tramita un estudio de impacto ambiental en España?

El procedimiento estándar de la tramitación de un estudio de impacto ambiental en España incluye una serie de pasos: 

• Inicio del procedimiento: el promotor solicita la evaluación tras consultar en la ley que su proyecto requiere un EIA. 
• Elaboración del estudio: será un EIA para la evaluación ordinaria o un documento ambiental inicial para la evaluación simplificada. Suele estar a cargo de técnicos especializados.
• Consulta pública y de organismos afectados: las entidades físicas o jurídicas potencialmente afectadas por el proyecto pueden consultar los detalles para considerar si desean presentar o no reclamaciones.
• Evaluación por el órgano ambiental: el organismo competente analiza minuciosamente todos los aspectos del proyecto antes de emitir una valoración.
• Declaración de impacto ambiental: puede ser favorable o no favorable.

Dependiendo del tipo de evaluación, el trámite puede durar entre 3 y 9 meses aproximadamente.

Consecuencias de no cumplir con la normativa ambiental

Al tratarse de un trámite obligatorio establecido por ley, no cumplirlo puede acarrear importantes consecuencias para los promotores de un proyecto. Entre las más comunes destacan: 

• Sanciones: las multas económicas pueden oscilar desde unos cientos de euros hasta millones en los casos más graves. 
• Suspensión del proyecto: la administración competente tiene la potestad para paralizar los proyectos que ignoren la normativa ambiental o cerrar las instalaciones de aquellos que ya se encuentren en funcionamiento. 
• Responsabilidad penal o civil: los promotores pueden ser demandados por daños y perjuicios, con el consiguiente inicio del proceso judicial, que puede concluir en el pago de indemnizaciones o incluso penas de prisión.
• Pérdida de subvenciones o licencias, así como dificultades para acceder a fondos de inversión o financiación.
• Daño reputacional: las consecuencias de no cumplir la normativa pueden derivar en un grave daño a la imagen de una empresa, afectando a su reputación entre inversores y clientes. 

Teniendo en cuenta estas consecuencias, cumplir la legislación sobre el impacto ambiental no sólo constituye una obligación legal, sino que también constituye una señal de compromiso ético y sostenibilidad empresarial.

De este modo, hay que tener en cuenta que el estudio de impacto ambiental no es un simple trámite burocrático. Es una herramienta vital para proteger el entorno, mejorar la calidad de vida y garantizar que las actividades empresariales se desarrollen con responsabilidad.